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Ketamina, metanfetamina y fentanilo: las principales preocupaciones de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional

Ketamina, metanfetamina y fentanilo: las principales preocupaciones de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional

Nos reunimos con Lorena Rebolledo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, para conversar sobre el escenario actual de drogas en el país, con foco especial en drogas sintéticas.

Aprovechamos la instancia para preguntar sobre qué drogas son las que más preocupan al Ministerio Público hoy, cuáles son las más incautadas, qué equipos están utilizando para detectarlas y qué medidas están impulsando para frenar el crimen organizado y el tráfico de drogas ilícitas dentro y fuera del país.

En respuesta a nuestras preguntas, el Ministerio Público hizo un repaso de la situación actual de las drogas y mostró algunas de sus  preocupaciones:

  • Aumento considerable de incautación de ketamina en 28% entre el 2023 a 2024, la que viene principalmente de Paraguay y Perú. En Antofagasta el incremento fue de un 317%. Un problema surge en que, a diferencia de Chile, internacionalmente la ketamina no es una sustancia controlada por la comisión de estupefacientes, solo se le considera de uso veterinario y médico.
    Es importante aclarar que la ketamina se usa como precursor principal del tusi junto con la cocaína.
  • El aumento exponencial (500 toneladas) en los últimos 7 meses de precursores químicos (acetona, entre otros) desde China, vía Chile hacia Bolivia, para la preparación de cocaína. 
  • Fuerte aumento de ingreso de metanfetamina al país. Entre las causas vigentes hay una que preocupa especialmente que es un posible laboratorio clandestino de fabricación de metanfetamina en O´Higgins. 
  • Alerta por tráfico de fentanilo en Chile (desvío hospitalario y robos desde laboratorios).
  • Riesgo de llegada de xilacina (droga conocida como tranq), más potente y letal que el fentanilo, que ya se trafica en Argentina y que no tiene antídoto.
  • Complejo control del cultivo de cannabis terapéutico y de las recetas que tienen que respaldar ese cultivo.
  • Respecto del análisis químico de la marihuana que se incauta en Chile, aclara que el estudio «Análisis químico del cannabis incautado en Chile 2024», arroja que, salvo algunos trazos, en las 500 muestras recogidas no se registró la existencia de CBD (cannabidiol), principal componente para el uso terapéutico del cannabis.  
  • En cambio, en el caso del THC, componente psicoactivo, potencialmente adictivo y dañino, el análisis de marihuana incautada muestra, según la subdirectora presenta, un promedio de 25%, (cita al estudio «Análisis químico del cannabis incautado en Chile 2024»), agregando que incluso hay muestras de marihuana machacada que llegan a cerca del 100%. 

También mostró su apoyo a la tramitación del Proyecto de Ley de fentanilo y derivados para otorgar sanciones diferenciadas y más graves al tráfico de 6 sustancias, debido a su peligrosidad: fentanilo, carfentanilo, etonitazeno, ketamina, metanfetamina y xilacina.

A su vez, desde La Esperanza, agregamos algunos puntos especialmente delicados que también tienen efecto en el manejo del tráfico y del consumo a nivel nacional y con el aumento de las nuevas drogas sintéticas, y le hicimos ver nuestra preocupación por:

  • Ineficiencia del Sistema de Alerta Temprana (SAT): su foco actual es el control de la oferta y las nuevas drogas emergentes para poder incorporarlas como drogas ilícitas al sistema de trazabilidad y frenar así al crimen organizado, pero no llevan a la acciones coordinadas que permitan focalizar a tiempo  los esfuerzos en aquellos puntos iniciales de venta y consumo.
  • La falta de control de los stock de importación, por ejemplo, de ketamina y de manera muy especial, la falta de un seguimiento riguroso y estricto de cada ampolla de fentanilo y de sus desechos en hospitales.

También se conversó sobre la urgencia de fortalecer los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD): programa alternativo al sistema penal tradicional para adolescentes infractores de ley y adultos con problemas de consumo de drogas, que consiste que cuando el delito es menos grave, la persona pueda optar rehabilitarse como acción sustitutiva a la pena. Hay pocos recursos para su implementación y falta coordinación y acuerdos con el Poder Judicial, especialmente con los defensores públicos quienes no consideran esto como una ventaja, sino como una doble pena. 

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