INFORME ONUDD 2023

Blog

06/28/2023

En el año 2023, nos encontramos en un punto crucial en la búsqueda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, el persistente problema de las drogas amenaza directamente la consecución de estas metas, así como nuestros esfuerzos por fomentar la paz, la seguridad y los derechos humanos.

Las implicaciones de las drogas a nivel mundial obstaculizan el progreso en todos los ámbitos de los ODS, desde la justicia y la equidad hasta la salud y el medio ambiente. Es fundamental fortalecer la prevención y mejorar el acceso a tratamientos basados en evidencia, junto con servicios de atención para el VIH y la hepatitis. De lo contrario, corremos el riesgo de dejar atrás a un mayor número de personas afectadas por los problemas relacionados con las drogas.

Para combatir eficazmente este desafío, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben adaptarse a la rápida evolución de los modelos de negocio delictivos, así como a la creciente disponibilidad de drogas sintéticas económicas y de fácil acceso en el mercado.

En este contexto, es imprescindible priorizar la salud pública, especialmente en lo que respecta a la evolución normativa en torno a la fiscalización de drogas, particularmente en su uso médico. Los países también deben aumentar su inversión en investigación para monitorear los efectos de las políticas implementadas y fundamentar respuestas más efectivas.

Principales conclusiones y posibles respuestas

Desigualdades, disparidades, salud pública y derechos humanos:
Las desigualdades y las disparidades sociales y económicas siguen impulsando el fenómeno de las drogas y viéndoseimpulsadas por este, lo que amenaza la salud pública y los derechos humanos. Las disparidades entre el Norte Global y el Sur Global, entre los entornos urbanos y rurales y entre subpoblaciones contribuyen a los daños causados por las drogas.

Se mantienen las disparidades en el acceso y la disponibilidad de medicamentos sometidos a fiscalización de conformidad con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. En 2021, el 86 % de la población mundial vivía en países donde la disponibilidad de fármacos opioides para uso médico era inferior a la media mundial.
Los trastornos por consumo de drogas y otros trastornos mentales están estrechamente interrelacionados: los trastornos mentales aumentan el riesgo de desarrollar trastornos por consumo de drogas, y las drogas conllevan el riesgo de agravar los problemas de salud mental si se toman sin supervisión médica. Se calcula que una de cada ocho personas en el mundo padece un trastorno mental diagnosticado, por lo que la necesidad de abordar los problemas de salud mental en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas se ha ido convirtiendo en una prioridad.
Los jóvenes siguen siendo el grupo más vulnerable al consumo de drogas. A nivel mundial, en 2021, la prevalencia anual del consumo de cannabis entre personas de 15 y 16 años era del 5,34 %, frente al 4,3 % en el caso de los adultos. El consumo de drogas también es especialmente perjudicial para los jóvenes. En algunas regiones, los jóvenes se ven más gravemente afectados por trastornos por consumo de sustancias: en África, el 70 % de las personas que reciben tratamiento por consumo de drogas son menores de 35 años.
La demanda de tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de drogas sigue sin atenderse en gran medida y persisten las disparidades en el acceso. Aproximadamente una de cada cinco personas con trastornos por consumo de drogas recibió tratamiento en 2021 a escala mundial, si bien existen grandes disparidades entre regiones y en el tipo y la calidad del tratamiento recibido. No todas las formas de tratamiento respetan los derechos humanos ni tienen una base empírica. Las mujeres se enfrentan a distintos obstáculos a la hora de acceder a los servicios de tratamiento del consumo de drogas: en 2021, el 45 % de las personas que habían consumido estimulantes de tipo anfetamínico en el último año eran mujeres, pero solo el 27 % de las personas que reciben tratamiento son mujeres. En general, el porcentaje más bajo de mujeres en tratamiento por consumo de drogas se registra en Asia y África, mientras que el porcentaje más alto se registra en las subregiones de Australia y Nueva Zelandia, así como en América del Norte.
Los contratiempos que se produjeron en la prestación de servicios durante la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) dejaron a algunas personas sin acceso a tratamiento u otros servicios. La mayoría de los países que comunicaron datos agregados sobre la administración de tratamiento antes y después de la pandemia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) notificaron un descenso en el número de personas que recibió tratamiento por consumo de drogas entre los períodos 2018 a 2019 y 2020 a 2021, periodo este último en el que se registraron nuevos descensos.
Los diferentes hábitos de consumo de drogas y el acceso dispar a los servicios agravan la desigualdad en la prestación de tratamiento. Si bien las innovaciones en la prestación de servicios que se iniciaron durante la pandemia parecen haber reportado beneficios en un primer momento, la brecha digital sigue planteando problemas, especialmente en determinadas zonas geográficas y en ciertos grupos de población marginados a los que es difícil llegar, como las personas sin hogar y las personas que se inyectan drogas. Otros grupos marginados, como las personas con antecedentes penales, la población desplazada por emergencias humanitarias y las personas que prestan servicios sexuales, se enfrentan a otros obstáculos para acceder a los servicios. Además, el consumo de drogas en las poblaciones marginadas puede ser más intenso, lo que las expone a un mayor riesgo de sufrir daños de forma continua, recaídas y otros efectos conexos en la salud. Por ejemplo, en 2020 el riesgo de infección por el VIH asociado al consumo de drogas por inyección era 35 veces mayor que el asociado al consumo de drogas por otras vías. La probabilidad de que las mujeres que se inyectan drogas contraigan el VIH es 1,2 veces mayor que la de los hombres.
También se observan hábitos de consumo diferentes entre los entornos urbanos y los entornos rurales. Por ejemplo, en algunas zonas rurales el cultivo para la producción ilícita de drogas y el tráfico de estas abren la puerta a otros delitos, incluidos los que afectan al medio ambiente, y las poblaciones empobrecidas y vulnerables se ven atrapadas en un círculo vicioso con un acceso incierto a los recursos y al estado de derecho. Así, en la zona de la triple frontera entre el Brasil, Colombia y el Perú, situada en la cuenca del Amazonas, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas violan cada vez con más frecuencia los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de las poblaciones rurales.

Posibles respuestas:
Es fundamental reducir las desigualdades y las diferencias en el acceso a tratamiento y a servicios integrales para reducir al mínimo las consecuencias sociales y de salud pública adversas del consumo de drogas en el marco de un proceso asistencial continuo dirigido a las personas que consumen drogas, en especial a las poblaciones vulnerables y marginadas.

Se necesitan iniciativas de prevención del consumo de drogas a gran escala que estén centradas en el ámbito escolar, la familia y la comunidad, a fin de reducir el riesgo de que aumenten los trastornos por consumo de drogas, en particular en vista de la elevada prevalencia de los trastornos mentales. Los grupos socioeconómicos más altos presentan una mayor propensión a iniciarse en el consumo de drogas que los grupos socioeconómicos más bajos, pero son estos últimos quienes pagan el precio más alto, ya que son más proclives a sufrir trastornos por consumo de drogas.
Para ser eficaz, la prestación de servicios terapéuticos debe dispensarse con arreglo a criterios de voluntariedad y basarse en los derechos humanos. A medida que el fenómeno de las drogas siga evolucionando, los Estados Miembros tendrán que redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de calidad que hayan logrado reducir los trastornos por consumo de drogas, tanto a escala mundial como nacional y en todos los subgrupos de población.
Reducir el estigma que sufren los consumidores de drogas hará que los tratamientos e intervenciones relacionados con las drogas sean más accesibles y eficaces para las personas que los necesitan. Durante la pandemia se ha logrado reducir los obstáculos que dificultan el acceso a los servicios, lo que ha sido muy positivo para atraer y retener a los pacientes.
Teniendo en cuenta la gravedad de los daños y las disparidades existentes al acceder a los servicios que afectan a determinados grupos de población que consumen drogas de forma más intensiva, es necesario redoblar los esfuerzos para elaborar y poner en práctica políticas y programas que respondan a las necesidades específicas de los distintos grupos de población. Es importante adaptar los programas a las personas sin hogar, a quienes prestan servicios sexuales, a las personas que han sufrido un trauma y a otras personas que se enfrentan a obstáculos para acceder a los servicios, como las personas con comorbilidades adicionales de salud mental, las que están o han estado encarceladas y las mujeres embarazadas.
Es necesario conceder una mayor prioridad a la importancia de la salud mental en la prevención y el tratamiento de los trastornos por consumo de drogas. Los estudios científicos actuales sobre psicodélicos y los ensayos clínicos conexos ponen de manifiesto su potencial para el tratamiento de algunos trastornos mentales, si bien la supervisión médica es un componente fundamental que garantiza sus beneficios al tiempo que reduce los daños.
El número sin precedentes de personas desplazadas exige una inversión mucho mayor en iniciativas de prevención del consumo de drogas y en tratamientos y servicios relacionados con las drogas para reducir al mínimo las consecuencias adversas para la salud pública y la sociedad en el marco de un proceso asistencial continuo en contextos humanitarios.
Es preciso asumir compromisos políticos y financieros que permitan ampliar intervenciones capaces de atajar las desigualdades estructurales y económicas, las normas socioculturales nocivas, la desigualdad de género y la violencia de género, que favorecen las epidemias de VIH y de hepatitis entre los consumidores de drogas.